Las operaciones de reflotamiento bancario acometidas en la UE con fondos públicos están comenzando a despertar recelos entre los propios estamentos públicos. De un lado -y aunque la Comisión mire para otro lado, siguiendo obviamente instrucciones- es evidente que aquellas instituciones financieras que ha acudido a los caudales públicos para reforzar sus posiciones se han terminado situando en posiciones comparativamente mejores que las entidades de la competencia que no han necesitado hacerlo, por encontrarse más saneadas. Es el caso de la banca española, sin ir más lejos.
Ayer, el Consejo Ecofin trató esta cuestión. No porque constate situaciones de transgresión flagrante de las reglas de la competencia, como decía el vicepresidente Solbes, sino porque «es un hecho que esas instituciones que han apelado al apoyo público han mejorado sus posiciones con respecto a aquellas otras que estaban ya cómodas, y no necesitaban apelar a este género de recursos».
El Ecofin, según Solbes, tomó nota de esta circunstancia y advirtió que las inyecciones de capital en el sector bancario «no pretenden crear nuevos requisitos estatutarios de solvencia» y que «deben ser consideradas como un parachoques tanto para hacer frente a los retos de la situación económica como para mantener el crédito a quienes legítimamente lo reclamen».
El Consejo está dividido sobre el camino a seguir para que el crédito llegue a empresas y particulares. La iniciativa británica de prestar directamente al consumidor es observada con curiosidad, pero resulta irreproducible en la Eurozona, dados los estatutos del BCE. No hay, por otra parte, consenso sobre iniciativas que vayan más allá de las recapitalizaciones y de la protección del ahorro privado ya acordadas: la compra de activos tóxicos no despierta la unanimidad, a pesar de ser una opción jaleada por la parte de la banca más expuesta a los activos-basura.
Lo que el Ecofin sí reconocía ayer, como crítica subyacente al sistema, es que después de todos los esfuerzos acometidos con fondos públicos, el dinero sigue sin llegar a quienes lo necesitan, a sus destinatarios. «La prioridad asumida es que el sistema bancario funcione, decía Solbes, pero no podemos olvidarnos de para qué, de la otra parte, de los destinatarios del crédito».
El vicepresidente subrayó que «los gobiernos pueden apremiar a la banca, de la misma manera que se les da liquidez con dinero público. Conviene discutir con ellos dónde están los problemas reales» (para restaurar los flujos crediticios). En cualquier caso, en ningún momento el Consejo dio muestras de estar poniendo a punto una práctica intervencionista de las instituciones financieras ayudadas con fondos públicos, a pesar del malestar de los ministros por el escaso eco de sus esfuerzos financieros sobre el sector.
Los ministros de Economía y Finanzas de la UE coincidieron, por otro lado, en la necesidad de volver a la disciplina presupuestaria lo antes posible tras la puesta en marcha de los programas de rescate bancario y estímulo fiscal, informa Efe. «Todos los Estados dijeron que hay que volver lo antes posible al saneamiento fiscal», señaló el ministro checo de Finanzas, Miroslav Kalousek, cuyo país preside este semestre la UE.
Los Veintisiete estudiaron la situación de la economía de la UE a la luz de las últimas previsiones de la Comisión Europea, que el lunes vaticinó que la actividad sufrirá este año una fuerte contracción (del 1,9% en la zona del euro y del 1,8% en el conjunto de la UE) y no volverá al crecimiento hasta 2010. Bruselas cree que la caída de la actividad, sumada al incremento del gasto para estabilizar el sector financiero e impulsar la recuperación, conllevará un fuerte aumento del déficit, que podría llegar el año que viene al 4,4% del PIB en los países de la moneda única y al 4,8% en los Veintisiete.
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